Ampliar la democracia para hacer frente a la emergencia climática
Con este manifiesto llamamos a todo el país a liderar colectivamente la transición ecológica y energética justa basada en la democracia. Emplazamos a la sociedad civil, a los partidos políticos democráticos, y al futuro Gobierno nacido de las urnas, a apropiarnos de la ambición de las Asambleas Ciudadanas para superar la polarización que bloquea la acción climática, a través de un Pacto de Estado Ecológico.
Nuestra democracia tiene por delante un reto sin precedentes: actuar de acuerdo al consenso científico sobre el clima para construir una transición ecológica justa.
las medidas de respuesta al cambio climático son apoyadas por la inmensa mayoría de la ciudadanía española.
Los Gobiernos, independientemente de su signo político, están lejos de encontrar una vía efectiva para dar salida a la parálisis que ha impedido cumplir con el principal objetivo del Acuerdo de París:
limitar a 1,5ºC el aumento de las temperaturas globales de nuestro planeta;
y, al mismo tiempo, construir la “transición justa” que recomienda la comunidad científica internacional en el último informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC)
No es de extrañar, por tanto, que el Secretario General de las Naciones Unidas sintetice la gravedad de la situación descrita en el informe en estas palabras: “cualquier retraso conlleva muertes”. No obstante, las soluciones de inmediata aplicación siguen estando al alcance de nuestra mano.
Herencia del ímpetu de las movilizaciones masiva surgidas en 2018 durante la “ola de protestas mundiales por el clima”, la participación ciudadana en la toma de decisiones entra en escena como un factor clave para acelerar y garantizar transiciones ecológicas eficaces, rápidas y socialmente justas.
En sintonía, el Consejo de Europa reconoció en 2021 las Asambleas Ciudadanas por sorteo como un medio de transformación ecológica profunda para nuestras sociedades. De igual modo, el IPCC sostiene en su último informe que los procesos participativos son esenciales e insta a los gobiernos a integrarlos en todos los niveles de la acción climática.
Las recientes experiencias internacionales en democracia deliberativa, a través de la fórmula de las Asambleas Ciudadanas, destacan por dos motivos:
Toman decisiones enormemente complejas gracias al personal científico experto puesto a su disposición.
Combaten la polarización respetando la diversidad de la sociedad del país al ser convocadas mediante un sorteo representativo en términos de género, edad, educación, diferencias socioeconómicas y distribución geográfica.
Declaración ante la emergencia climática y ambiental
En este contexto, el 21 de enero de 2020, fruto del clamor social y el consenso mayoritario de la comunidad científica, el Gobierno español emitió una Declaración ante la emergencia climática y ambiental en la cual adquirió el compromiso de celebrar su primera Asamblea Ciudadana para el Clima.
Tras experiencias similares en Reino Unido y Francia, en España se reunió por sorteo a 100 personas para responder a la pregunta
Una España más segura y justa ante el cambio climático, ¿cómo lo hacemos?
Después de más de medio año de trabajo, y pese a las carencias organizativas y de difusión del proceso, en junio de 2022 la Asamblea Ciudadana presentó 172 recomendaciones, aprobadas con un apoyo mínimo del 87%, con el objetivo de combatir el calentamiento global con políticas transversales.
Sin embargo, a casi dos años del inicio de sus deliberaciones, estas ambiciosas medidas continúan invisibilizadas y sepultadas por las autoridades y los poderes públicos. En consecuencia, denunciamos con preocupación que el Gobierno haya decidido abandonar uno de sus más importantes compromisos inaugurales: la democracia climática y la justicia ambiental que son ahora una emergencia vital para toda la sociedad española.
Llamamiento
Este año electoral, en el que nuestro país sufre una sequía extrema y el Parque Nacional de Doñana se encamina a un punto de no retorno, las personas y organizaciones firmantes de este manifiesto lo hacemos con la mirada puesta en la necesidad de conseguir una acción segura, rápida y efectiva contra el cambio climático y hacia la transición energética.
Llamamos a refrendar esta acción a través de un Pacto de Estado Ecológico para blindarla de vaivenes partidistas y tomar el ejemplo de la capacidad de acuerdo alcanzada en la Asamblea Ciudadana.
Este pacto habrá de contemplar una reforma fiscal verde, el principio de que ninguna partida presupuestaria dañe el medio ambiente, y el compromiso con un control ciudadano que pueda garantizar una transición energética justa.
Necesitamos para ello aumentar la ambición y el compromiso unívoco, a escala multinivel, del conjunto de administraciones públicas, pero también nuevas herramientas democráticas para lograr grandes consensos e impulsar acciones decididas frente a la crisis climática.
En palabras de Latour, reclamamos “una nueva soberanía vinculada al proyecto de reparar las condiciones de habitabilidad que han sido devastadas”.
Se puede y se debe pensar a largo plazo como comunidad, y, a su vez, organizar la acción pública con la urgencia que requiere la emergencia climática.
Las Asambleas Ciudadanas deben crecer, fortalecerse y multiplicarse a nivel autonómico, local y sectorial como estamos viendo en diferentes territorios como Gipuzkoa, Mallorca, Barcelona y La Palma. Deben instalarse como órgano de gobierno permanente siguiendo el modelo de la Región de Bruselas.
Firma la petición
Las personas y organizaciones firmantes coincidimos en la importancia de difundir el informe de la Asamblea Ciudadana para el Clima y en propiciar un debate público informado respecto a sus recomendaciones, sobre las cuales podemos tener distintos posicionamientos. A las puertas de las Elecciones Generales del 23J y de la Presidencia Española de la Unión Europea,
llamamos a nuestro país a liderar a nivel Europeo la democracia deliberativa con un Pacto de Estado Ecológico para hacer frente a la emergencia climática
Para lanzar este debate público informado, exponemos aquí una breve fotografía del informe final de la Asamblea Ciudadana para el Clima. Lo hacemos a partir de las cinco Áreas de Vida y Sociedad en las que se plasmaron sus recomendaciones: consumo; alimentación y usos de suelo; comunidades, salud y cuidados; y ecosistemas.
A fin de combatir el deficiente modelo de consumo, responsable de ser una de las mayores fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, la Asamblea Ciudadana propone dos tipos de medidas:
por un lado, trabajar desde la educación y la sensibilización mediante la adaptación de los currículos educativos en todos los niveles, la mejora del etiquetado de productos y la concienciación sobre el concepto de decrecimiento.
Por otro lado, aumentar los estándares de eficiencia térmica en la industria de la construcción, electrificar el transporte de mercancías y facilitar el autoconsumo y el consumo de proximidad.
A fin de combatir el deficiente modelo de consumo, responsable de ser una de las mayores fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, la Asamblea Ciudadana propone dos tipos de medidas:
por un lado, trabajar desde la educación y la sensibilización mediante la adaptación de los currículos educativos en todos los niveles, la mejora del etiquetado de productos y la concienciación sobre el concepto de decrecimiento.
Por otro lado, aumentar los estándares de eficiencia térmica en la industria de la construcción, electrificar el transporte de mercancías y facilitar el autoconsumo y el consumo de proximidad.
La Asamblea Ciudadana insiste en la necesidad de un nuevo sistema agroalimentario basado en la soberanía alimentaria. Ello implica, además, reconocer la alimentación como un derecho que garantice la producción local, sostenible, ecológica, económica y socialmente adaptada a las circunstancias socioculturales del territorio.
De este modo, las recomendaciones pasan por promover políticas públicas de prevención y reducción del impacto ambiental del sistema alimentario, haciendo hincapié en la desigual responsabilidad de personas y empresas mediante políticas que sancionen y penalicen sus malas prácticas.
En esa misma senda, se promueve incentivar fiscalmente al sector agroecológico extensivo y disminuir la ganadería industrial hasta el fin progresivo de las macrogranjas.
La Asamblea Ciudadana insiste en la necesidad de un nuevo sistema agroalimentario basado en la soberanía alimentaria. Ello implica, además, reconocer la alimentación como un derecho que garantice la producción local, sostenible, ecológica, económica y socialmente adaptada a las circunstancias socioculturales del territorio.
De este modo, las recomendaciones pasan por promover políticas públicas de prevención y reducción del impacto ambiental del sistema alimentario, haciendo hincapié en la desigual responsabilidad de personas y empresas mediante políticas que sancionen y penalicen sus malas prácticas.
En esa misma senda, se promueve incentivar fiscalmente al sector agroecológico extensivo y disminuir la ganadería industrial hasta el fin progresivo de las macrogranjas.
Con respecto a la movilidad, la Asamblea Ciudadana recomienda “reestructurar y mejorar la movilidad sostenible con infraestructuras de transporte público eficiente y no contaminante” y potenciar su uso “para que llegue a todos los sitios (sobre todo, al ámbito rural)” y, a su vez, peatonalizar el centro de las ciudades, reducir la utilización del coche y minimizar los vuelos nacionales en favor de priorizar el tren.
Dadas las tensiones migratorias internas a las que se enfrenta la España Vaciada, aconseja también buscar concordancias entre la migración y el aprovechamiento de las infraestructuras existentes, tales como viviendas o tierras actualmente sin uso.
Cada vez son más evidentes los efectos que la crisis climática tiene en la salud de la población. Nuevas pandemias, deficiencia del aire, desertización y ecocidios que traerán hambrunas, ecoansiedad, problemas respiratorios, golpes de calor y otras dolencias. Ante esta situación se encomienda a las administraciones públicas reforzar la atención primaria e impulsar un enfoque integral de salud frente al cambio climático. Todo ello acompañado de políticas de cuidados que garanticen la resiliencia de los sistemas socioeconómicos, la justicia y la equidad, con el objetivo último de no dejar a nadie atrás.
Con respecto a la movilidad, la Asamblea Ciudadana recomienda “reestructurar y mejorar la movilidad sostenible con infraestructuras de transporte público eficiente y no contaminante” y potenciar su uso “para que llegue a todos los sitios (sobre todo, al ámbito rural)” y, a su vez, peatonalizar el centro de las ciudades, reducir la utilización del coche y minimizar los vuelos nacionales en favor de priorizar el tren.
Dadas las tensiones migratorias internas a las que se enfrenta la España Vaciada, aconseja también buscar concordancias entre la migración y el aprovechamiento de las infraestructuras existentes, tales como viviendas o tierras actualmente sin uso.
Cada vez son más evidentes los efectos que la crisis climática tiene en la salud de la población. Nuevas pandemias, deficiencia del aire, desertización y ecocidios que traerán hambrunas, ecoansiedad, problemas respiratorios, golpes de calor y otras dolencias. Ante esta situación se encomienda a las administraciones públicas reforzar la atención primaria e impulsar un enfoque integral de salud frente al cambio climático. Todo ello acompañado de políticas de cuidados que garanticen la resiliencia de los sistemas socioeconómicos, la justicia y la equidad, con el objetivo último de no dejar a nadie atrás.
En el ámbito laboral, la Asamblea Ciudadana recomienda que las infraestructuras y centros de trabajo garanticen medidas para reducir los costes y riesgos de los cada vez más frecuentes fenómenos meteorológicos extremos. Asimismo, el centro de trabajo se presenta como un espacio clave para la reducción del consumo de energía: con la promoción de zonas ambientalmente más favorables, el diseño de nuevos centros que contribuyan a la descarbonización y el impulso de la digitalización, sin dejar de considerar el impacto ambiental de las nuevas tecnologías.
Además, son de destacar otras medidas que favorecen el reparto equitativo de las labores de cuidado, las cuales repercuten directamente sobre la salud y el bienestar de la población, como lo son la reducción de la jornada laboral, el refuerzo del teletrabajo cuando sea posible, el estímulo de la economía social y cooperativa, el fomento del empleo en sectores emergentes de conservación y transición, o la incorporación de principios climáticos en los convenios colectivos.
En el ámbito laboral, la Asamblea Ciudadana recomienda que las infraestructuras y centros de trabajo garanticen medidas para reducir los costes y riesgos de los cada vez más frecuentes fenómenos meteorológicos extremos. Asimismo, el centro de trabajo se presenta como un espacio clave para la reducción del consumo de energía: con la promoción de zonas ambientalmente más favorables, el diseño de nuevos centros que contribuyan a la descarbonización y el impulso de la digitalización, sin dejar de considerar el impacto ambiental de las nuevas tecnologías.
Además, son de destacar otras medidas que favorecen el reparto equitativo de las labores de cuidado, las cuales repercuten directamente sobre la salud y el bienestar de la población, como lo son la reducción de la jornada laboral, el refuerzo del teletrabajo cuando sea posible, el estímulo de la economía social y cooperativa, el fomento del empleo en sectores emergentes de conservación y transición, o la incorporación de principios climáticos en los convenios colectivos.
La Asamblea Ciudadana insta a trabajar en planes y programas de conservación concretos para los ecosistemas y las especies animales y vegetales que sufren las peores consecuencias del cambio climático, e ir más allá de la conservación a través de la restauración de los principales ecosistemas del país. Reitera, asimismo, la urgencia de la transición energética, que habrá de realizarse con base en energías renovables, con estrategias más ambiciosas de ahorro y eficiencia, y con la implicación de todos los agentes sociales. Tal es así que frente al “sistema actual que ha beneficiado desmesuradamente a ciertas empresas”, se exige la implantación de un modelo energético con control público y la elaboración de una planificación territorial vinculante respetuosa con el patrimonio natural y la biodiversidad en todas las fases de su vida útil, incluido su desmantelamiento.
Con todo, cabe destacar aquellas recomendaciones destinadas a mejorar la aplicación de la legislación de protección ambiental con medidas tales como mejorar la formación laboral, el aumento del presupuesto y los medios, o la tipificación del ecocidio como delito tanto a nivel nacional como internacional.
La Asamblea Ciudadana insta a trabajar en planes y programas de conservación concretos para los ecosistemas y las especies animales y vegetales que sufren las peores consecuencias del cambio climático, e ir más allá de la conservación a través de la restauración de los principales ecosistemas del país. Reitera, asimismo, la urgencia de la transición energética, que habrá de realizarse con base en energías renovables, con estrategias más ambiciosas de ahorro y eficiencia, y con la implicación de todos los agentes sociales. Tal es así que frente al “sistema actual que ha beneficiado desmesuradamente a ciertas empresas”, se exige la implantación de un modelo energético con control público y la elaboración de una planificación territorial vinculante respetuosa con el patrimonio natural y la biodiversidad en todas las fases de su vida útil, incluido su desmantelamiento.
Con todo, cabe destacar aquellas recomendaciones destinadas a mejorar la aplicación de la legislación de protección ambiental con medidas tales como mejorar la formación laboral, el aumento del presupuesto y los medios, o la tipificación del ecocidio como delito tanto a nivel nacional como internacional.
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